La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los entonces secretarios de Desarrollo Social de Risaralda, Carlos Arturo Rave Valencia (2013), y de Educación, Juan Manuel Forondo Blandón (2013), por presuntas irregularidades en la suscripción y ejecución de dos convenios de Cooperación y Asociación para fortalecer ambientes escolares de aprendizaje.

Al parecer, los convenios adelantados para el mejoramiento continuo de la educación infantil y de población con necesidades educativas especiales habrían sido celebrados mediante contratación directa, a pesar de que correspondía adelantar una licitación pública por tratarse de una actividad propia de la Secretaria de Educación Departamental.

Recordó el ente de control que eludir la licitación pública para escoger en forma transparente al mejor proponente impediría la participación plural de posibles interesados en desarrollar el objeto contractual y conllevaría a la falta de imparcialidad en el proceso.

Con este comportamiento se habrían podido vulnerar los principios de transparencia, igualdad e imparcialidad que rigen la contratación estatal.

Entre las presuntas normas transgredidas la Procuraduría Regional de Risaralda citó el numeral 8 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, que señala que “las autoridades no actuarán con desviación o abuso de poder y ejercerán sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley, (…) les será prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva (…)”.

Así mismo, los investigados habrían podido incumplir el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, que establece que “la escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública (…)”.

Las faltas de Rave Valencia y Forondo Blandón se calificaron provisionalmente como gravísimas a título de culpa gravísima.

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